El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su lucha contra la corrupción en América Latina, añadiendo más exfuncionarios y líderes políticos a su lista de personas prohibidas de ingresar al país. Estas sanciones, que se enmarcan dentro de la aplicación del mecanismo estadounidense para sancionar a aquellos involucrados en la obstrucción de la democracia y la violación de derechos humanos, afectan a varias figuras políticas de la región.
Entre los más destacados en la lista se encuentran Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Daniel Ortega, presidente de Nicaragua; los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel; y exmandatarios de Paraguay y Panamá, Horacio Cartes y Ricardo Alberto Martinelli, respectivamente. Además, figuras como la expresidenta argentina Cristina Kirchner y su exministro Julio De Vido, así como los exmandatarios de Ecuador, Rafael Correa y Jorge Glas, también enfrentan restricciones de viaje a EE. UU. debido a su implicación en actos de corrupción y prácticas antidemocráticas.
Sanciones contra la corrupción en Argentina
La medida no solo se ha dirigido a regímenes autoritarios, sino también a funcionarios de gobiernos democráticos. En El Salvador, Honduras y Guatemala, varios funcionarios han sido sancionados por corrupción y malversación de fondos públicos. Entre ellos destaca Fredy Raúl Orellana Letona, juez de la Corte Constitucional de Guatemala, acusado de autorizar cargos penales sin pruebas, y José Edgardo Bruno Ventura, ex miembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador, señalado por su vinculación con pandillas y grupos narcotraficantes.
Sanciones en Nicaragua y otros países
La implementación de la Lista Engel refleja el enfoque de Estados Unidos sobre lo que percibe como un retroceso democrático en varios países latinoamericanos. El gobierno estadounidense ha subrayado que su objetivo es proteger los principios democráticos y fortalecer la lucha contra la corrupción en la región, aunque las sanciones han generado tensiones diplomáticas con los gobiernos afectados, que las consideran una injerencia en sus asuntos internos.
Con información de Infobae.
Por: Yari Araujo
Sociedad Comunitaria