Una sociedad que se organiza y es escuchada: las comunidades de EE. UU. ponen condiciones a la inteligencia artificial

La frase la dijo el directivo de OpenAI, pero la escribieron los vecinos con sus votos: ninguna obra entra ya a una comunidad sin pasar por la comunidad.

La inteligencia artificial acaba de chocar con las urnas. OpenAI, la creadora de ChatGPT, presentó este jueves un nuevo marco regulatorio y una serie de compromisos comunitarios para el desarrollo de sus centros de datos, tras el contundente rechazo de los votantes estadounidenses a la expansión desmedida de estas infraestructuras en las elecciones de mitad de mandato.

El dato electoral es rotundo: el martes, los estadounidenses votaron 41 iniciativas locales relacionadas con centros de datos en 10 estados, y en 40 de ellas respaldaron restricciones o rechazaron medidas a favor de su desarrollo, según un análisis de Ballotpedia con datos recopilados por CNBC. El descontento ciudadano se concentra en tres frentes: el impacto ambiental, el consumo de agua y el alza de las tarifas energéticas en las comunidades que albergan estas instalaciones gigantescas, que alimentan a los modelos de inteligencia artificial.

La respuesta de la empresa se llama «Pacto Nacional con la Comunidad» y va acompañada de una propuesta legislativa dirigida a los reguladores. Bajo estas directrices, OpenAI se comprometió a asumir el costo íntegro de la electricidad y de la infraestructura de red requerida para abastecer a los centros que posea y opere, protegiendo a las familias de sobrecostos en sus facturas; a aceptar reducciones voluntarias de su consumo eléctrico en momentos de alta demanda y a devolver electricidad a la red; a consultar a las comunidades antes de iniciar las obras; a publicar datos periódicos sobre su consumo de agua y energía; a realizar estudios independientes de ruido; a limitar los acuerdos de confidencialidad con funcionarios locales, que habían generado fuerte malestar al ocultar los detalles de los proyectos; y a fijar metas de contratación local e informar públicamente de sus avances. La empresa aclara que es un compromiso voluntario para sus futuros centros propios, no una ley, aunque propone que sus principios se incorporen a la legislación que regule la expansión de la IA.

Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, explicó que la compañía llevaba meses trabajando en el anuncio, a partir de conversaciones con residentes y autoridades de estados como Georgia, Ohio y Texas, y reconoció que algunos proyectos podrían retrasarse ante el nuevo clima político: la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, ha pedido una moratoria inmediata sobre la construcción de centros de datos, y al menos 45 proyectos ya propuestos, valorados en US$88.000 millones, se vieron afectados por la oposición local solo en el segundo trimestre de 2026, según el grupo de investigación Data Center Watch. «Si va a introducirse en una comunidad y desea construir en ella, debe hacerlo junto con la comunidad», afirmó Lehane. Para países como República Dominicana, donde el costo de la energía y el agua también son temas sensibles, el episodio deja una lección temprana: la infraestructura de la inteligencia artificial ya no se decide solo en los despachos de las tecnológicas, sino también en las urnas y en los barrios que la reciben.

Un visitante fotografía el cartel de OpenAI. La creadora de ChatGPT presentó compromisos comunitarios para sus centros de datos tras el rechazo electoral a su expansión. Foto: Bloomberg.

Fuentes: EFE y Bloomberg.