La sociedad civil ante el proyecto de Concesiones: reglas, licitación y el debate que viene

Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República (foto de archivo: Minuto a Minuto, 2024). La imagen muestra al presidente de la Cámara Alta, no el depósito de este jueves.

El Senado de la República recibió este jueves 29 de octubre el proyecto de Ley General de Concesiones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, depositado por el Poder Ejecutivo para regular las concesiones en el país y fortalecer el sistema de contrataciones públicas.

La iniciativa fue entregada al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien informó que será colocada en agenda para su conocimiento y luego remitida a una comisión legislativa para su estudio, antes de ser conocida por el pleno. Tras su estudio y eventual aprobación en el Senado, deberá remitirse a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la propuesta procura cubrir la ausencia de una regulación específica sobre esta modalidad contractual en el país. El subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas, señaló que busca complementar las transformaciones del Estado dominicano con un marco legal para las concesiones de bienes, servicios y obras públicas.

El proyecto tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a las concesiones, así como los procedimientos para su planificación, selección, adjudicación, formalización, ejecución, supervisión, modificación y terminación, con el fin de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y la adecuada gestión de los bienes y las obras públicas.

Entre sus disposiciones principales figuran la creación del Sistema Nacional de Concesiones Públicas, con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) como órgano rector y el Consejo Nacional de Concesiones como instancia deliberativa; la licitación pública nacional o internacional como mecanismo para seleccionar a los concesionarios, con criterios objetivos de evaluación, publicidad de los procedimientos, supervisión y rendición de cuentas; y medidas para prevenir conflictos de interés, con prohibiciones, inhabilidades y un régimen de infracciones y sanciones.

Para la sociedad civil, el paso siguiente es el escrutinio del texto en comisión: que la licitación sea de verdad pública, que los criterios de evaluación sean objetivos, que la supervisión y la rendición de cuentas no queden en el papel y que las sanciones por incumplimiento se apliquen.

Al recibir la propuesta, De los Santos explicó el procedimiento que deberá agotar la iniciativa: “Ustedes saben que nosotros lo que recibimos es la materia prima; esa materia prima la enviamos a comisión, la comisión nos devuelve un producto preterminado y, en el hemiciclo, se aprueba el producto final.”

Acompañaron al presidente del Senado el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas, y el especialista legal de la DGCP, Esteivin Acosta. Lo depositado este jueves es un proyecto de ley, no una ley aprobada: todavía debe agotar el estudio en comisión y la discusión en el hemiciclo.

Fuentes: Apunte Digital, 29 de octubre de 2026; 7 Días, 29 de octubre de 2026; Central de Noticias, 29 de octubre de 2026; Los Mocanos, 29 de octubre de 2026.